Lefebvre y FETTAF han organizado una jornada para mostrar las herramientas que pueden aportan valor a los despachos profesionales gracias al uso de las tecnologías más avanzadas como la IA generativa.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se incorpora la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, ordena un completo dispositivo de comunicación de informaciones y, en su caso, de protección a los informantes (el conocido whistleblowing). Este régimen legal está delimitado por dos coordenadas: de un lado, al ámbito material de aplicación, esto es qué acciones u omisiones son susceptibles de ser comunicadas mediante los dispositivos que establece la Ley (sistema interno de información y canal externo de información) o bien pueden ser objeto de revelación pública; y, de otro lado, el ámbito personal de aplicación, esto es qué personas pueden formular la indicada comunicación o revelación pública. Respecto al ámbito material, la Ley 2/2023 (art. 2) presenta un doble ámbito de aplicación: de un lado, y como no podía ser de otro modo, plasma el ámbito material obligado para incorporar al Derecho español la Directiva 2019/1937, y consistente en un prolijo catálogo de infracciones del […]
La nueva plataforma de Lefebvre permite a los profesionales obtener múltiples respuestas estructuradas en un lenguaje técnico jurídico, comenzando por la fundamentación jurídica y continuando con conclusiones bien fundamentadas.
En concreto, 12.010 grandes patrimonios han abonado por este Impuesto, complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, una cuota media de 52.000 euros.
CEOE y Cepyme han acordado reclamar al Ministerio de Trabajo y Economía Social que mantenga el sistema de bonificaciones a la formación obligatoria que realizan las empresas.
El Ministerio de Justicia y el Ministerio Fiscal han presentado este miércoles, en un acto celebrado en la Fiscalía General del Estado (FGE), los proyectos tecnológicos llevados a cabo por el Ministerio de Justicia en la Fiscalía.
Como subraya la Fundación Hay Derecho en su “Primer Informe sobre la situación del Estado de derecho en España (2018-2021 https://www.hayderecho.com/wp-content/uploads/2023/02/Informe_Estado-de-Derecho-2018-2021.pdf )”, nuestro país lidera desde 2016 de forma ininterrumpida el ranking de países sometidos a procedimientos de infracción del derecho comunitario. En este informe se da cuenta de las consecuencias negativas de este nefasto liderazgo. Al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC) le corresponde [1]: la coordinación, seguimiento y notificación de la transposición al derecho interno de las directivas de la Unión Europea; el seguimiento y coordinación de los asuntos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco de la Comisión de Seguimiento y Coordinación de las actuaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin perjuicio de las competencias de la Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales de la Abogacía General del Estado; la instrucción de los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea ante el Reino de España, y la elaboración y coordinación de las administraciones públicas interesadas en las respuestas a los mismos en sus fases precontenciosas, con la colaboración de la Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales […]
¿Sabes qué es la auditoría retributiva? ¿Cómo podemos corregir los obstáculos existentes en materia de igualdad retributiva?
La Sección 23 de la AP de Madrid ha condenado como responsable de un delito de apropiación indebida al acusado a seis de prisión y a tres meses de multa con una cuota diaria de diez euros por haberse apropiado del dinero que debía percibir su cliente en concepto de una herencia familiar.
La sección 1 de la Audiencia Provincial de Murcia ha estimado el recurso de un usuario bancario contra una entidad financiera por ser incluido en un fichero de solvencia durante casi un mes, sin que se hubieran cumplido con los requisitos legalmente exigidos para ello.
