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No es tiempo de matices: en defensa de las “elucubraciones doctrinales”

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No es tiempo de matices: en defensa de las “elucubraciones doctrinales”

Publicado por Bureo Ceres Procuradores in Actualidad 19 Jul 2021

By Ignacio Gomá Lanzón

Mi bisabuelo, el general de división Enrique Salcedo Molinuevo, era en 1936 la primera autoridad militar de Galicia, de la VIII División Militar. Tenía un carácter alegre y vitalista, era amante de la buena mesa, gordo, bastante beato y de derechas. Pero fue destituido un 20 de julio como hoy de 1936 y fusilado el 9 de noviembre de ese año por militares franquistas –teóricamente sus más próximos ideológicamente- porque no le pareció oportuno sublevarse declarando el estado de guerra el 18 de julio. Había prestado un juramento ante el gobierno de la Nación y consideraba una irresponsabilidad tomar un camino que conduciría irremisiblemente a una guerra civil o a poner en riesgo la vida y o la libertad de sus subordinados y de la población en general. He tenido oportunidad de leer entero el expediente de su consejo de guerra –algún día escribiré algo más largo sobre este asunto- y de ello –y seguro que también de otras de signo contrario pero de igual resultado- se obtienen interesantes enseñanzas para los tiempos que corren.

La principal de ellas es que, cuando se pierden los matices, cuando desaparecen los grises, la consecuencia más inmediata es la incomprensión, la violencia, el vilipendio del otro. De las alegaciones que hacía mi bisabuelo se deduce que no podía comprender qué le estaba pasando: cómo le podían estar acusando del delito de traición del antiguo artículo 223.6 del Código de Justicia Militar cuando los que se habían rebelado eran los que le juzgaban y él sólo había cumplido la ley y las ordenanzas militares; y, encima, el precepto indicado exigía que los hechos de que se le acusaba hubieran sido cometidos “en campaña o territorio declarado en estado de guerra” y lo cierto es que cuando el general Salcedo fue destituido no había sido declarado dicho estado de guerra, porque lo tenía que declarar él como máxima autoridad y, precisamente, el hecho de no hacerlo fue lo que motivó su violenta destitución del 20 de julio. Pero esas alegaciones se consideraron tecnicismos. “Elucubraciones doctrinales”. La sentencia que le condena a muerte considera lo más importante que su actitud fue “la confirmación de la que siempre tuvo, de simpatía al Frente Popular”; y de nada sirvieron las declaraciones de curas, obispos y gentes “de orden” de diverso tipo para desmentirlo.

Si han llegado hasta aquí ya saben a qué realidad actual se aplica la enseñanza a que me estoy refiriendo. La reacción del gobierno y sus adláteres ante la tardía sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma es más preocupante que la sentencia en sí misma. Como ya tuvimos ocasión de comentar en un coloquio que se hizo en plena pandemia, en mi opinión parecía más adecuado el estado de excepción que el de alarma, pero no le echaría los perros al gobierno porque se decantara por éste en un primer momento, cuando la urgencia del caso exigía tomar medidas inmediatamente y no se sabía lo que iba a durar; y menos cuando algunos de los partidos que ahora se rasgan las vestiduras ante la declaración de inconstitucionalidad aprobaron las prórrogas del estado de alarma. Otra cosa, claro, es la valoración de un estado de alarma de seis meses de duración sin control parlamentario promulgado de mala manera cuando era claro que el abandono de las responsabilidades en estas cuestiones a las Comunidades Autónomas estaba generando el caos.

Pero, como digo, sea cual sea la valoración jurídica y las consecuencias políticas de la sentencia –cuya fundamentación aún se desconoce- lo verdaderamente preocupante es la reacción que se ha producido ante ella porque evidencia una degradación de la política a niveles no conocidos en los últimos tiempos, una deslegitimación de las instituciones inéditas hasta el momento y un desprecio hacia la realidad extraordinariamente preocupante. Que ministros del gobierno desprecien la sentencia considerando que son “elucubraciones doctrinales” o que miembros del propio tribunal digan que la sentencia pone en peligro actuaciones ante futuras pandemias, sin mencionar miembros de partidos en el gobierno que acusan al Tribunal de connivencia con el partido que interpuso el recurso, muestran sin disimulo alguno el desprecio por las reglas de juego de los principales actores de la política actual. No hace falta que les cuente lo que ha salido en todos los periódicos y que tiene el antecedente de los intentos del control del CGPJ, la deslegitimación del Tribunal de Cuentas, el gobierno por Decreto-Ley, el intento de elusión del control parlamentario, los indultos con claro conflicto de intereses o el despido de miembros de las fuerzas de seguridad que no quieren incumplir la ley.

Creo que, como le pasó a mi bisabuelo, nos encontramos en un momento de desconcierto en que las reglas en las que siempre habíamos creído son puestas en cuestión y no sabemos lo que puede ocurrir. Pero, eso sí, conviene decirlo con todas las palabras, estamos en riesgo de derivar hacia el iliberalismo porque eso es lo que ocurre cuando no se respeta el espíritu de la ley, cuando se desprecian y deslegitiman las instituciones. Dice Víctor Lapuente que el deterioro de la democracia comienza por los intangibles, como el respeto a la opinión de los demás; y es cierto, entendiendo por tales también las instituciones, las reglas, los valores que informan la democracia (nota aclaratoria: La democracia iliberal –concepto que se debe al politólogo estadounidense Fareed Zakaria- es una forma de gobierno a caballo entre la democracia liberal tradicional y un régimen autoritario: se respetan ciertos aspectos de la práctica democrática, como el sufragio universal, pero se ignoran otros, como la separación de poderes, y se vulneran ciertos derechos civiles). Decía Alexis de Tocqueville en La democracia en América que “el despotismo, peligroso en todos los tiempos, resulta mucho más temible en los democráticos. No hay país donde las asociaciones sean más necesarias para impedir el despotismo de los partidos o la arbitrariedad del príncipe, que aquel cuyo estado social es democrático”.

Porque es deriva iliberal considerar que no hay matices en la adscripción ideológica, que no cabe la opinión discrepante, la razón, el distingo. Cuando tanto las personas o instituciones son calificadas como buenas o malas sólo en función de que acepten como un bloque un conjunto de ideas o, peor todavía, un conjunto de intereses políticos a cuyo éxito se subordina toda conducta, sin tener la opción de matizar el criterio o a discrepar abiertamente por miedo a perder bienes o carrera. La civilización surge de la distinción. El ser humano vivía al principio en cuevas donde se ejecutaban todas las funciones vitales y, con el tiempo, comprende que es mejor dormir en un sitio, guardar a los animales en otro, asearse en otro. Y lo mismo ocurre con las ideas y los conceptos: de las ideas omnicomprensivas llegamos al matiz y el distingo. En las relaciones políticas la evolución va desde el absolutismo del monarca a la comprensión de que, como decía Benjamin Constant, es inherente al poder traspasar sus propios límites, desbordar los cauces establecidos para su ejercicio y usufructuar la libertad del individuo; por lo que ha de ser parcelado, dividido, controlado, para evitar que se desmande y agreda a los ciudadanos y para que estos puedan usar de su libertad y vivir del modo que mejor les parezca. En Derecho, el matiz y el distingo son la tipicidad, que garantiza la aplicación de la norma, las formas y los procedimientos, que garantizan la realidad e integridad de los derechos, la separación y división de poderes, que impiden el abuso por parte de estos, y el respeto a los principios que consagra el artículo 9.3 de la Constitución. El Derecho no está para resolver ni crear problemas políticos, como parece sugerir Conde Pumpido, adscribiéndose, quizá sin saberlo a las peligrosas teoría unificadoras entre Derecho, Moral y Política.

¿Es esto nuevo? No, el deterioro institucional comenzó hace mucho –por eso creamos este blog hace 10 años- y las tendencias iliberales se están dando en todo el mundo y son tanto de derechas como de izquierdas. Hace unos meses reflexionaba sobre eso en otro post. En España los dos grandes partidos han sido cómplices en el control abusivo por parte de sus cúpulas de todas las instancias del poder para evitar contrapesos y crear así una clientela política y económica que permita la perduración del sistema en el que unos pocos medran. Y los nuevos partidos que surgieron con la pretensión de regenerarlo han sucumbido al canto de las sirenas y han puesto sus egos por delante de la mejora de la situación y ello ha conducido a un gobierno débil que considera debe legitimarse con la polarización, la ideología y la imposición y que no disimula en mostrar groseramente sus intenciones y es capaz de decir una cosa y la contraria sin rubor. En el post arriba mencionado citaba a La Rochefoucauld cuando decía que la hipocresía es el tributo que el vicio presta a la virtud, y ahora parece que ni ese tributo quiere prestarse, como si diera igual que algo sea bueno o malo, cierto o incierto, si sirve para nuestras intenciones. Y lo malo es que conforme al principio de acción-reacción, por la espiral de los agravios, no es imposible que tras él venga otro gobierno que tampoco tenga interés en matizar.

Matiz equivale a libertad porque significa que podemos expresarnos en toda nuestra integridad, no en un esquema binario de “blanco o negro”, y que no tengamos que juzgar en un maniqueísmo moral, en una dialéctica amigo-enemigo. Estas dialécticas conducen al enfrentamiento irracional y a la purga del discrepante, y a veces, como le ocurrió a mi bisabuelo a la destitución violenta (hoy mismo hace 85 años) e incluso a la liquidación física.

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